Guillermo Sánchez: Algo huele mal debajo del puente…

  • Tras años de espera y negativas del Minvu y del MOP por hacerse cargo de la solución, la intendenta María Loreto Letelier dio un vuelco y anunció en el mismo lugar que construirá una obra para conectar esa calle con la ribera sur del río San José

El jueves pasado, la intendenta María Loreto Letelier rompió con la eterna disputa e indiferencia del Minvu-MOP y les encargó dar una solución concreta para conectar la calle Guillermo Sánchez con el sector del Terminal Asoagro. ¿Cómo lo logrará si las mismas instituciones se negaron sistemáticamente a hacerlo antes?

La realidad nos indica que han pasado muchos años y la solución para conectar la calle Guillermo Sánchez con la ribera sur del río San José, nunca ha sido priorizada por los gobiernos sucesivos. Ello, pese a que se han sucedido distintas protestas en el sector reclamando conectividad y consiguientes mesas de trabajo gubernamentales que nunca llegaron a nada. Permanentemente a los equipos técnicos de ambos ministerios les fue más fácil escudarse en tecnicismos para no hacer lo que la ciudadanía reclamó.

En un acto -que sólo puede entenderse desde el impulso que da ser autoridad nueva-, la intendenta María Loreto Letelier decidió arriesgarse. Así ante representantes de la comunidad que  vive en el sector, el jueves pasado se constituyó junto a autoridades regionales de los ministerios de Vivienda  y Urbanismo, Obras Públicas y Bienes Nacionales, donde aseguró que dará una solución definitiva al problema.

Durante el punto de prensa que hizo, la máxima autoridad de la región dijo  “desde ahora los seremis de Obras Públicas, del Minvu y Bienes Nacionales, tendrán una gran tarea, por cuanto se tienen que hacer cargo de la conectividad entre el Pedregal y la calle Guillermo Sánchez. Tal como nos ha mandatado el Presidente Piñera, nos haremos  cargo de esta necesidad. Hoy es un día muy importante para este sector, nosotros estamos haciendo un compromiso y queremos que ellos estén tranquilos al final del día”.

En la retina de los vecinos del lugar quedó plasmado el compromiso que cobrarán incesantemente. Y ellos tienen claro lo que quieren: un puente. Bueno, mejor dicho, algo similar a un puente. Quieren los mismos badenes elevados de hormigón, que cumplen la función de un puente y que el MOP multiplicó durante el Gobierno pasado en Sora, asentamiento El Morro, Alto Azapa, Ticanamar y Alto Camarones.

Mismos equipos y nueva versión

¿Cómo lo hará? Es aún un misterio y también un riesgo. El último intento se concretó el año pasado con la ex intendenta Gladys Acuña y también ex seremi de Vivienda y Urbanismo. En  medio de la queja de pobladores del lugar, levantada en medio de la campaña por las elecciones presidenciales, la jefa del Gabinete Regional constituyó una Mesa Minvu-MOP que no llegó a nada.

Para  no hacerlo, el equipo técnico de Minvu siempre dijo que ese atravieso no era una calle, sino un camino por uso y costumbre y que, por esa razón, MOP debía hacerse cargo. Además esgrimió no tener la expertisse técnica para construir un puente de gran envergadura.

Ese mismo equipo reconoció también que optó por preocuparse de otras soluciones viables de la ciudad -que tampoco materializa hasta hoy-, dado que un estudio del Sistema de Transporte Urbano de la Secretaría de Planificación de Transporte (Sectra), no le concedió la rentabilidad social a la conexión de Guillermo Sánchez con el Agro, es decir la calificación aceptable para optar al financiamiento de Sistema Nacional de Inversiones (SNI) y desarrollar sus etapas de estudios y construcción.

Desde el otro lado, el MOP se negó a intervenir sosteniendo que ese paso irregular era la prolongación de una calle y no un camino rolado.  En términos simples, dijo que Guillermo Sánchez no era de su competencia, porque no tenía número y letra asignado por ley para su mantenimiento, además de encontrarse en un sector urbano donde el Minvu y Serviu sí tenían competencia. Como alternativa, el MOP siempre ofreció su apoyo técnico en el diseño a Minvu, tal como lo hizo con el puente Las Acacias, cuya construcción el Serviu tiene aún pendiente.

El riesgo de que pase el tiempo y no se haga nada, es alto. Porque más allá de las autoridades que van y vienen, detrás de ellas están los mismos equipos técnicos que buscaron mil subterfugios “para no hacer la pega”. Desde el Minvu y el MOP con su Dirección  de Vialidad nunca este compromiso fue priorizado, pese a ser una sentida demanda ciudadana y a ser golpeados permanentemente por la prensa por su indiferencia.

Más bien, siempre se buscó el acomodo legal y la salida comunicacional menos dañina, para no asumir un compromiso con la comunidad. Sin embargo, con el arrojo del jueves de la intendenta, el tiempo de buscar los resquicios para no hacer, habría terminado.

Para evitar que se empantane y surjan los resquicios de siempre, bien vale recordar la respuesta que dio el 2014 la ex  seremi de Vivienda y Urbanismo y posterior intendenta, Gladys Acuña con la asesoría del Departamento Urbano e Infraestructura de ese servicio. En un oficio a los vecinos cuando solicitaron su intervención, les señaló que era resorte de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP arreglar el “badén” que había en ese lugar.

Esta respuesta generó la molestia del secretario regional ministerial de Obras Públicas de entonces, Jorge Cáceres. La autoridad reclamó a nivel privado a su par, por involucrar públicamente a la DOH, uno de sus servicios dependientes, sin primero conversar internamente el problema. También le representó haberse excusado de dar una solución al problema, usando un argumento totalmente fuera de las competencias de la DOH, sindicándola como responsable de esa solución.

Ante la prensa, la DOH salió aclarando su supuesta responsabilidad, diciendo que por ley no estaba facultada para hacer pavimentos dentro de los cauces naturales.  Y agregó que “sólo podemos ejecutar defensas en las riberas de los ríos con el objetivo de proteger asentamientos humanos o infraestructura pública, tal como lo estamos haciendo hoy aguas arriba del puente Saucache instalando gaviones o encauzando el río. No estamos facultados para intervenir construyendo caminos, ni tampoco instalando badenes o alcantarillas en caminos públicos”.

¿Calle o camino?

Y para que a la actual intendenta no la sorprendan con dilaciones que dejen su compromiso en nada, es bueno conocer los argumentos que el Minvu y el  MOP.  Los equipos técnicos detrás d estos servicios públicos, son los mismos que orientaron a las autoridades del Gobierno anterior a restarse de la solución, indicando que Guillermo Sánchez no era una calle sobre el río y menos un camino.

Y es relevante este debate, porque si bien la máxima autoridad regional podría resolver el primer escollo de hacer la obra que requiere la comunidad, también tendrá que asegurar su mantenimiento futuro y para ello deberá definir un responsable con competencias legales y técnicas.

Por un lado, el MOP ha dicho sistemáticamente que su Dirección de Vialidad no podría hacerse cargo con recursos propios, para construir una obra que dé conectividad y mantenerla en este sector, debido a que este paso es irregular y no está incluido dentro del listado de caminos que debe mantener por ley.

La norma le impide intervenir accesos viales que no estén bajo su tuición. Y este es el caso. No tiene rol, es decir número y letra asociado, y para lograr esa condición debe ir a un trámite, el cual siempre Vialidad ha dicho que es bastante engorroso y largo. Claro, si lo suma, habrá más trabajo que hacer y se abrirá la puerta para otros que también esperan que su camino sea rolado y de cargo del Fisco.

El MOP tiene la solución de ingeniería y tremendamente probada. Aguas arriba del río San José, o en Sora, en Ticnamar, en el río Lluta, y Alto Azapa, desde hace unos 6 años viene instalando unos badenes elevados con cajones de hormigón que han dado conectividad a estas localidades.

Del otro lado, Minvu junto al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu),  han dicho que Guillermo Sánchez no continúa como calle hacia el sector del Agro y que no posee la expertisse para construir un puente. Aquí es donde dichos servicios se han entrampado  en su propio quehacer.  Aunque le ha costado hacerlos, puentes sí construye.

El mejor ejemplo es el puente Las Acacias, ese que aún no ve la luz por temas legales y administrativos, pero que constituye un ejemplo de conectividad “made in Serviu” en el mismo río San José. Y el MOP en algo le ha ayudado en eso, pues para diseñarlo debió consultar a la DOH por la capacidad hidráulica de esa obra, con el fin de que en una crecida no se lo lleve el río.

¿Cómo lo financiarán?

Si el MOP interviene será un vuelco en 180 grados del discurso que Vialidad sostuvo todos estos años, para decir que no a la autoridad política. Lo llamativo es que el mismo equipo de la Dirección de Vialidad, con su director Christian Vásquez a la cabeza, es el que en noviembre del año pasado al reflotar la demanda reafirmó la negativa, y ahora ante un  nuevo Gobierno se pone a disposición de la autoridad política.

Algo el MOP sí tiene claro: con recursos propios es imposible intervenir en ese atravieso de tierra, aunque  la solución de ingeniería la haya probado en otros sitios. Por eso es que la intendenta intentará echar mano a los recursos regionales regulados por la Circular N° 33 de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Esa  normativa le permite financiar estudios básicos y conservación de infraestructura pública.

Y para ser justos esta “solución creativa” de utilizar fondos regionales, surgió ya el 2013 con el actual seremi Guillermo Beretta a la cabeza y luego quedó en el olvido.  Al asumir el Gobierno de Michelle Bachelet, el mismo equipo de Vialidad cambió su postura y volvió a decir que no era de su competencia este asunto, pese al intento que hizo su seremi.

Ahora antes de construir, la dinámica MOP exige estudios para no equivocarse. A la comunidad ya le dijeron que instalarían cajones de hormigón, sin evaluar primero su efectividad en ese sitio. Una cosa es el río aguas arriba y otra es en este punto donde hay alta intervención humana.

Lo que cabe primero estudio básico, para definir el diseño de la solución vial, especialmente en un sector donde hay extracción de áridos y “tomas” del cauce, condiciones que hacen que el río cambie su comportamiento cuando baja los veranos.

La solución debe garantizar que no habrá más cortes del camino; que en una gran crecida no se la llevará el torrente; y que el escurrimiento del agua no dañará la infraestructura vial o las viviendas que hay aguas abajo.

Un estudio puede ser financiado por el Gobierno Regional y mandatar a uno de los servicios a hacerlo. La interrogante es por la segunda etapa. Porque para construir, al parecer, la intendenta elegirá el fundamento de “Conservación de Infraestructura Pública” de esa  misma circular. Para hacerlo, el cuidado de no caer en vicios legales que sean representados por la Contraloría General de la República y frenen su impulso, deberá ser extremo.

¿Conservar qué si los mismos servicios que fueron llamados antes a proponer una solución, dijeron que allí no había nada de cargo del Fisco, ni calle ni camino construido o atendido por ellos?

En lo concreto ahí hay una huella que pasa por el lecho seco del río San José, la cual por uso y costumbre, sirve para acortar los tiempos de traslado a quienes viven en ese sector de Azapa y salir hacia el Terminal del Agro; o los conductores la usan para evitarse el atochamiento que a ciertas horas se produce al salir de ese centro de abastos.

Interesante desafío conocer cómo salen de la misma trampa legal que ellos crearon durante todos estos años. La normativa legal no ha cambiado en lo absoluto. Sólo hay un cambio de Gobierno y la voluntad de resolver este problema ciudadano. Ahora después del impulso y el compromiso de solucionar este asunto hacia el 2020, viene el trabajo técnico, sí de esos mismos que siempre dijeron que no.

Veremos entonces cuál será la salida legal. Allí no hay infraestructura pública legalmente reconocida y cualquier cosa que se haga tendrá el carácter de “obra nueva”. Para intervenir Guillermo Sánchez habrá que forzar bastante el concepto  de “Conservación de Infraestructura Pública” que dice la Circular N°33, si se explora esa vía.

Todo un desafío, así como lo fue también el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Lo que se decía imposible, se pudo hacer realidad. Claro pero con una decisión presidencial de eximir a Arica y Parinacota de la tradicional evaluación de proyectos. Así Sora ganó su puente,  y Lluta su embalse Chironta, o el borde costero de Arica con los tres paseos en el sector sur donde antes penaban las ánimas.

El futuro estudio que determinará la solución para Guillermo Sánchez,  deberá  tener en cuenta también el análisis que Vialidad encargó hace algunos años, para definir una solución al atochamiento que se produce en los primeros kilómetros de acceso al valle de Azapa.  En él se descartó a la calle Guillermo Sánchez como solución efectiva, para desahogar el flujo vehicular que ingresa al valle de Azapa. Esa conclusión también le hizo restarse todo este tiempo de participar en una solución vial en la continuidad de Guillermo Sánchez hacia la ribera sur del río San José.

Esa evaluación del flujo de tránsito fue la que propuso la calle Los Cisnes como opción para descongestionar el camino principal de Azapa, dentro del proyecto vial que intervendrá la rotonda Alcalde Adolfo Arenas hasta el kilómetro 0,8 de ese valle.  Interesante entonces será  conocer cómo dialogarán estas dos iniciativas cuya ejecución está prevista para los próximos años.

Lo que queda ahora es esperar cómo avanzará la Comisión Minvu-MOP-Bienes Nacionales. Esta vez el compromiso de la intendenta María Loreto Letelier se enfrentará con las elecciones de gobernador regional y las municipales. La presión de los vecinos será fuerte, porque en el sector conviven familias acomodadas y de clase media en la ribera norte,  y en la sur, hay poblaciones construidas para familias con bajo poder adquisitivo.

Lo que huele mal hoy bajo el puente de Guillermo Sánchez tiene los días contados. Sí o sí tendrá que haber una solución. Esta vez no habrá excusa para tecnicismos que eludan la responsabilidad de los servicios públicos. Si hubo arrojo para anunciarlo, ese debió estar bien fundamentado. La comunidad no aceptará un no se pudo, porque la ley lo impide. Las autoridades fijaron hasta el plazo: El año 2020.

A guardar entonces las excusas que sirvieron para restarse. Si no se concreta, alguien pagará la cuenta de impulsar a la máxima autoridad regional a hacerse cargo de un problema que no estaba en la agenda pública y que podría significarle pérdida de credibilidad ante la ciudadanía.