prensa 27/11/2019

Por Diego Rivera López

Partamos por decir que todos – de una u otra forma- estamos de acuerdo con las demandas que la ciudadanía está solicitando. No así con la destrucción de bienes públicos y privados, en especial con aquellos que nos benefician a todos por igual y que nos sirven para combatir las extremas diferencias económicas existentes (y que, sin duda, determinarán el rumbo de nuestras vidas), tales como: los medios de locomoción colectiva, las oficinas estatales, los semáforo y señalética, y las calles y carreteras públicas (es decir que son propiedad de todos y no de las indecorosas concesionarias).

En este sentido, me he permito confeccionar un listado de las muchas injusticias y situaciones, que instituciones y organizaciones públicas y privadas llevan a cabo en nuestra contra, y que nos afectan malvadamente a todos los chilenos, y que son –claramente- el origen de todos nuestros reclamos. Este es una enumeración no exhaustiva, a la cual claramente, se le pueden agregar muchos más elementos:

– La desigualdad social y económica, y la segregación generalizada que existe en todo el país.

– las AFP, el robo que realizan todos los meses y las pensiones de hambre que entregan.

– la subvención que el Estado les entrega mensualmente a las AFP, para cubrir las pensiones mínimas y otros pagos.

– las ISAPRES y sus cobros desmedidos.

– FONASA, su ineficiencia e inutilidad ante la ciudadanía.

– el COMPIN, su ineficiencia, así como su innecesaria existencia.

– las listas de espera en los hospitales y el traspaso de recursos fiscales a establecimiento privados, en desmedro de la salud pública, y en general, la pésima administración que se hace de los recursos en la salud pública.

– los sobreprecios cobrados por las atenciones, los insumos, pabellones, bienes y servicios que prestan clínicas, hospitales, farmacias y por los mismos facultativos.

– el cobro de IVA a los medicamentos.

– la presencia de cadenas de farmacias que se coluden a vista a paciencia de las autoridades, en desmedro de las farmacias de barrio y populares.

– las colusiones de las farmacias; los escándalos del papel confort; de los pollos; de la leche y de los cobros bancarios (entre otras); así como de la complicidad, procastinación e ineficiencia del Tribunal de la Libre Competencia, del SII y de la propia justicia chilena, para combatirlos y eliminarlos.  

– el perdonazo judicial por las estafas y cobros irregulares a los ciudadanos, de parte de instituciones bancarias y comerciales, como La Polar.

– los perdonazos tributarios a grandes contribuyentes como Hites y Jonhson, entre otros, en desmedro del gasto social, por parte del SII, cuyas acciones judiciales tienen un claro sesgo político, el cual no es controlado por nadie, ni por el presidente, ni los parlamentarios, ni menos los tribunales, ni las fiscalías.

– los fondos buitre y sus cobros usureros que persiguen a los deudores, amenazando, humillando y embargándoles sus bienes. Todo esto, ante la inacción y la mirada cómplice de las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

– la permisividad del sistema tributario y de patentes que permite, por ejemplo, que un mega supermercado de miles de metros cuadrados, gracias a sus tretas, vacíos tributarios y complicidad del SII, pague patentes municipales e impuestos irrisorios en comparación a un kiosco de un metro cuadrado que sólo vende diarios.

– el Código del Trabajo y “el león sin dientes” que es la Inspección del Trabajo. La imposibilidad real e inmediata de castigar en forma ejemplar a los abusadores y acosadores laborales, como a los jefes que no pagan y maltratan a su gente.

– los abusos a los consumidores y “el león sin dientes” que es el SERNAC.

– el autoritarismo y el irrespeto a los derechos fundamentales del Estatuto Administrativo (y que no respeta, entre muchas cosas, el derecho a una legítima defensa) y la consagración de derechos medievales para las autoridades políticas, exactamente iguales a las labores represivas de la “santa” Inquisición.

– el Milicogate y los demás casos asociados, y el robo de platas fiscales por parte de altos oficiales del Ejército y la desaparición del dinero.

– el Pacogate y el robo de platas fiscales por parte de altos oficiales de Carabineros, y la desaparición del dinero.

– los casos no resueltos de coimas y sobreprecios pagados por las FFAA en las compras de armamentos, pertrechos y pasajes, y de como la Contraloría, ni nadie los controla.

– la venta ilegal de armamento al narcotráfico y bandas delictuales, por parte de funcionarios de las FFAA y de Orden, y la inacción de las autoridades políticas, de los tribunales y de las fiscalías ante ellos.

– los robos de armamento ocurridos en las instalaciones de las FFAA y de Orden.

– la crisis de Quintero y de las demás zonas de sacrificio, y la inacción de políticos de izquierda y derecha.

– la inacción de la política frente a las centrales termoeléctricas y la omisión intencional para no promover las energías limpias, renovables y sustentables.

– la crisis medioambiental que afecta a todo el país, en especial a ríos, lagos, y playas del país, y la inacción de políticos de izquierda y derecha.

– la privatización y el otorgamiento a perpetuidad del derechos de agua, la sequía y el robo de agua en desmedro de los ciudadanos y PYMES.

– la inacción ante el saqueo y destrucción ambiental de la industria forestal, y las subvenciones que reciben del Estado, a pesar del perjuicio que causan.

– la inacción y falta de preparación de parte de las autoridades, para el combate de los incendios forestales. El gobierno no le exige, ni fiscaliza que las empresas forestales inviertan debidamente en la prevención y el control de incendios, sino que asume esas labores con fondos de todos los chilenos.

– la inacción en la supervisión del cobro del royalty minero, y de cómo las empresas mineras privadas (principalmente extranjeras) exportan áridos cargados de minerales por los cuales no pagan ni un solo peso.

– la entrega del litio a privados, en lugar de ser explotado por el Estado en beneficio de las arcas fiscales, a través de una institución estatal de alta eficiencia y capacidad, al estilo de la Codelco original.

– la depredación inmobiliaria y la ausencia de políticas de inclusión social y económica. La especulación inmobiliaria, la destrucción de barrios y zonas típicas y patrimoniales. La nula supervisión en el diseño y calidad de las construcciones, permitiendo la creación de guetos verticales, que sólo traen segregación, marginalidad y rabia social; desarrollándose así el caos urbano a través de una ciudad inorgánica, e imposible de manejar en pos del bienestar y buen vivir de todos.

– la ausencia de políticas de fomento a las regiones y a la creación de polos de desarrollo fuera de Santiago, dejando todo a los malabares del “mercado”.

– el cobro desmedido de impuestos a todos lo que “no ricos”, en especial las contribuciones a los bienes raíces (gracias a Michelle Bachelet).

– CAE y los intereses usureros que se cobran (gracias a Ricardo Lagos Escobar).

– el TAG, los peajes a precios desmedidos, es decir, las concesiones de carreteras, las alzas impúdicas de sus tarifas y de las condiciones leoninas en las que se encuentra el Estado frente a estas empresas (gracias a Ricardo Lagos Escobar).

– el caso Riggs y las platas de Pinochet y sus acólitos.

– la sordidez de CEMA Chile en los manejos de los bienes inmuebles y dinero que poseía.

– la privatización del agua potable y del tratamiento de aguas servidas a manos de empresas extranjeras; la nula supervisión que hay sobre ellas y las tarifas abusivas e infladas que cobran, a vista y paciencia de todos (gracias a Eduardo Frei Ruiz- Tagle).

– la privatización de la generación y transmisión de electricidad, las tarifas desmedidas y cleptómanas que cobran a los usuarios, agregando a ello el tongo de los “medidores inteligentes” que deberían haber sido pagado por las empresas, que son las que cobran. La nula supervisión que hay sobre ellas y las tarifas abusivas e infladas que cobran (gracias a Eduardo Frei Ruiz- Tagle).

– la impunidad a los culpables de los casos PENTA y Soquimich, y del financiamiento irregular de la política chilena (tanto de izquierdas, como de derechas).

– la impudicia del caso CAVAL (Sebastián Dávalos Bachelet y Natalia Compagnon).

– el narcotráfico que está presente a todo nivel social, y que cuenta con la ineficiencia y procastinación de Aduanas, Carabineros y la PDI, y el Ministerio Público, quienes deberían custodiar y proteger nuestras calles, nuestro territorio y nuestras fronteras de éste, y de todos los flagelos.

– las balas locas que siguen existiendo impunemente, en todo el país, sin responsables, ni autoridad que le importe,

– la permisividad de la autoridad policial y de la fiscalía ante el narcotráfico, y sus demostraciones de poder a través de su poder de fuego.

– la presencia indiscriminada de armas ilegales en las calles, las que ingresan por diversos pasos gracias a la inacción de los custodios de nuestras fronteras, y también son producto del robo y la reventa por parte de personal de las FFAA y de orden.

– el caso Catrillanca, los montajes y la ineficiencia de las policías y de las autoridades políticas y judiciales, en la resolución del caso.

– la caja negra que es el manejo de poder judicial, ya sea administrativo y financiero, así como de ascensos y designaciones.

– la puerta giratoria provocada por la ineficiencia y arrogancia de jueces y fiscales.

– el sesgo clasista y racista de la justicia chilena, así como de las FFAA y de orden.

– el mal manejo de Gendarmería y la privatización de cárceles (gracias a Ricardo Lagos Escobar).

– los fallecimientos de los niños bajo supervisión del SENAME, y la impunidad de las autoridades respectivas, que durante décadas han permitido los abusos, maltratos y muertes de niñas, niños y adolescentes desvalidos y vulnerados (gracias a todos los gobiernos).

– el constante nepotismo presente en la política y en la administración pública. Lo que se demuestra en que, por ejemplo, todos los hijos de políticos de izquierdas y derechas – a pesar de su posición social y económica privilegiada- hayan estudiado en el extranjero gratuitamente con cargo al erario nacional, y que luego, en lugar de servir al Estado, lo hacen sin pudor, en el sector privado.

– el manejo obscuro y obsceno por parte de las autoridades civiles y militares del 10% de las ventas de cobre por parte de Codelco (fondos reservados del cobre).

– el mal manejo, las pérdidas, la ineficiencia, los desfalcos y la falta de visión estratégica y de modernización de Codelco y ENAP.

– el impuesto específico a los combustibles y los nulos resultados de su inversión social por parte del Estado.

– la inhumanidad del gran empresariado que creen que por el solo hecho de dar un trabajo precario, a cambio de sueldos de hambre, tienen el derecho “divino” para explotar y maltratar a los trabajadores.

– la pleitesía que la clase política le rinde al empresariado, en desmedro de la ciudadanía. Llegando incluso a legislar, prácticamente, pidiéndoles permiso para ello.

– la pedofilia, el nulo castigo dado a los culpables, y la protección que la iglesia le entrega a los violadores y abusadores.

– la mala calidad de la educación pública y el sesgo clasista, y racista que tiene.

– la mala planificación y la aun peor puesta en marcha de la gratuidad, que obliga a muchos a endeudarse con la banca para terminar sus estudios, y a otros, a no titularse, simplemente (gracias a Michelle Bachelet).

– el lucro descarado por parte de universidades e institutos de educación superior.

– la mala gestión de la calidad y la corrupción en la acreditación de la educación superior.

– el nombramiento de notarios, archiveros y conservadores, su inutilidad en el mundo tecnologizado de hoy, y sus cobros abusivos a pesar de estar regulados. Además de la nula supervisión que tienen de parte de las cortes de apelaciones respectivas, lo que los convierte en reyezuelos. Asimismo, resulta paradojal que los notarios sean supervisados por quienes los seleccionan y escogen, es decir, los ministros de las cortes.

– los abultados sueldos de los altos cargos de la administración pública, tanto en Chile como en el extranjero. Así como, el nulo respeto a la carrera funcionaria y el autoritarismo con que funciona el aparto público en general.

– la mala atención generalizada que se entrega en los servicios públicos.

– lo abultados sueldos de los parlamentarios, sumado al pago de asignaciones y viáticos fantasmas y desproporcionadas, que no se condicen con la realidad socio-económica del país.

– el aumento desproporcionado e innecesario del número de parlamentarios, así como la presencia de un legislativo bicameral, cuando las democracias modernas, sólo cuentan con un parlamento unicameral, haciendo que el trabajo sea más eficiente y sus costos no se disparen fuera de la realidad país. Sin dejar de mencionar las distorsiones que provocan los parlamentarios electos con menos del 1% (gracias a Michelle Bachelet).

– el pésimo plan de transporte público de Santiago (el ex Transantiago, hoy Red), su mala planificación (gracias a Ricardo Lagos Escobar) y su peor implementación (gracias a Michelle Bachelet). Así como todo el dinero con que mes a mes, el Estado subvencionada a las empresas privadas que lo operan. El nulo control de parte de la autoridad sobre la gestión del transporte, y la inexistencia de planes de transporte para regiones, para equiparar la cancha- en algo al menos.

– la perversa existencia del DICOM y de cómo las instituciones bancarias no respetan la ley, considerando ilegalmente el DICOM histórico de cada persona a la hora de evaluarla.

– el engaño, el robo y la expropiación de tierras que se le ha hecho históricamente a los pueblos originarios.

– la corrupción presente en la ley de pesca (Sebastián Piñera Echenique).

– el no pago de contribuciones y el engaño para pagar menos tributos al fisco (Sebastián Piñera Echenique).

– la costumbre de hacernos creer que los derechos tan inalienables, como el derecho al bienestar, a la salud, a la educación, y la justicia, deben ser pagados y manejados por empresas privadas, y no garantizados, ni entregados por el Estado.

Ahora bien, con el fin de comenzar a entregar soluciones inmediatas a muchas de las demandas, y no comprar tiempo diciendo que existen “impedimentos constitucionales”, el gobierno y los señores políticos podrían comenzar, por ejemplo, por:

1.- Anular la legislación donde se traspasan a los afiliados las pérdidas de las AFP (solo se requiere la firma del presidente, y no tiene que pasar por el parlamento).

2.- Anular la legislación por la que se recalculó 85 a 105 años, la expectativa de vida de los chilenos, con lo cual las pensiones subirían automáticamente en un promedio del 50% (solo se requiere la firma del presidente, y no tiene que pasar por el parlamento).

3.- Anular o modificar las AFP en pos de la ciudadanía, ya que no están en la Constitución, sino que en el decreto ley 3.500, por lo tanto, es derogable.

4.- Anular o modificar en por de la ciudadanía, porque tanto las ISAPRES, como Fonasa no están en la Constitución tampoco, sino que en la ley 18.933, por lo tanto, se requiere de un acuerdo con el parlamento para reformarla o anularla.

5.- Para castigar los delitos de corrupción, soborno y cohecho, no se necesita que estén presente en la Constitución para perseguirlos y castigarlos, porque ya están en el Código Penal, por lo tanto, ese trabajo está en manos de jueces, fiscales y la contraloría. Y es a ellos a quienes hay que pedirles cuentas.

6.- Bajar los precios de los remedios, ya que estos están regulados por el Código Sanitario y el decreto 466 de 1985, que son perfectamente derogables, modificables y actualizables. Y la anulación del Iva a los medicamentos no requiere de ley de alto quorum.

7.- Bajar y/o fijar las tarifas del transporte público, la que no están reguladas en la Constitución, sino que en la ley 20.378.

8.- Bajar y/o fijar las tarifas de los servicios sanitarios, porque éstos no están en la Constitución, sino que en el decreto 453 de 1990.

9.- Bajar en forma inmediata a la mitad los sueldos de ministros y de los altos empleados públicos, así como sus símiles en la administración del Estados, como parlamentarios, jueces y fiscales, intendentes, alcaldes y consejeros regionales, entre otros, ya que tampoco están regulados en la Constitución, sino que por el decreto 249 de 1974. Y de esa forma comprobaríamos el verdadero espíritu de “servicio público” de las autoridades, porque está comprobado que en la empresa privada sus sueldos nunca serían tan buenos, ni sus labores más de mandantes que en el Estado. Y usar esos dineros que sobraran en aumentar las pensiones más bajas, por ejemplo, hasta que se ajuste el sistema, porque los fondos que sobraran ya existen y ya han sido asignados. Sólo hay que reasignarlos.

Por lo tanto, el truco de los tiempos constitucionales no puede ser un argumento para demorar aún más, las modificaciones que se requieren para comenzar a dar solución a las necesidades de la gente. Ni el hambre, ni la marginación, ni nuestros adultos mayores y niños, ni los enfermos, ni los más necesitados pueden seguir esperando.

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