prensa 04/12/2019

Diego Rivera López.

02 de diciembre de 2019.

Las cifras son espeluznantes. De acuerdo a Carabineros de Chile y a los datos entregados por el propio gobierno, desde que se iniciaron las movilizaciones y demandas sociales, el pasado 18 de octubre, hasta el día de hoy, ha habido en total 17.834 detenciones por desórdenes, y de ellos 4.857 corresponden a saqueos. Se ha declarado oficialmente que, 206 cuarteles e instalaciones de Carabineros, han sido atacadas y violentadas, llegándose a registrar ataques con armas automáticas y fusiles de guerra por parte de civiles. Lo que ha resultado en 1.354 policías heridos, y de ellos 58 fueron lesionados por balas provenientes del exterior de las comisarías. Suena como si se tratara de otro país, pero es Chile, el Chile de hoy: diciembre de 2019.

A pesar de lo dramático de las cifras antes mencionadas, los fiscales del Ministerio Público, que es la institución que por mandato constitucional debe perseguir los delitos, simplemente, no actúan, llegando a la inacción total y a la flojera máxima, porque en lugar de construir procesos que busquen justicia y castigar a los infractores, prefieren hacerse las cosas más fáciles – para ellos- y llevar a cabo salidas alternativas, para los que saquean, roban y destruyen. Es decir, casi todos los saqueadores y delincuentes van a quedar en libertad, sin ningún tipo de castigo, pero, por otra parte, los fiscales habrán cumplido sus metas y, por lo tanto, podrán cobrar sus bonos por “gestión y eficiencia” que seguramente, disfrutarán en las próximas fiestas de fin de año.

Asimismo, de acuerdo a las mismas autoridades, ninguna de las policías ha logrado detener a nadie, relacionado directamente o responsable de las quemas del Metro y de otra infraestructura. Ni tampoco se ha sabido nada de los fiscales que dirigen las investigaciones en esas causas. Es decir, una inacción y procastinación total (procastinar: significa diferir, posponer, postergar, aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades irrelevantes).

Por todo lo antes dicho, no hay duda que, ante esta crisis generalizada, el Presidente Piñera debe salir a demostrar en terreno su fama de “buen administrador” y de “campeón de la gestión”, que lo llevaron a ser el 5° hombre más rico de Chile y a situarse en el N°804 del ranking de millonarios de la revista americana Forbes, con un patrimonio de 2.800 millones de dólares.

Para comenzar, el Presidente debe demostrar sus capacidades, reestableciendo el orden público, porque sin orden público, el país no funcionará, es decir, la economía caerá en picada libre, más aun todavía; no habrá ni plebiscito en abril próximo, ni PSU, ni futbol, y la gente seguirá sin poder salir de sus casas.

Por ello, el gobierno primero debe plantar cara a la violencia y a la delincuencia, y debe aislar a sus autores, pudiendo comenzar por instruir firme y claramente a las policías sobre su accionar; preocupándose que la justicia sancione fuertemente tanto a los violadores de DDHH, como a los autores de las quemas y destrucciones del Metro, de infraestructura pública y privada; exigiendo al  Ministerio Público que ante los delitos flagrantes (robos, saqueos, cortes de carreteras) debe haber un fiscal en terreno que instruya detenciones en el mismo lugar, y sincerando con los poderes del Estado los roles que cada uno tendrán en la construcción de esta nueva institucionalidad, y del compromiso que cada uno debe asumir.

Asimismo, en paralelo, se podría comenzar por crear justicia social en nuestro país, partiendo por meter mano en las AFP, sin miedo, anulando la legislación donde se traspasan a los afiliados las pérdidas de las AFP (solo se requiere la firma del Presidente, y no tiene que pasar por el parlamento); anulando la circular que recalculó de 85 a 105 años la expectativa de vida de los chilenos, con lo cual las pensiones subirían automáticamente en un promedio del 50% (solo se requiere la firma del Presidente, y no tiene que pasar por el parlamento); bajando los precios de los remedios, derogando y actualizando la legislación respectiva y eximiendo del IVA a los medicamentos; bajar y fijar las tarifas del transporte público; bajando y fijando las tarifas de los servicios públicos (agua, gas, electricidad); eliminando los TAG y que las carreteras vuelvan al Estado; bajando en forma inmediata a la mitad los sueldos de ministros y de los altos empleados públicos, así como sus símiles en la administración del Estados, como parlamentarios, jueces y fiscales, intendentes, alcaldes y consejeros regionales. Y así se comprobaría el verdadero espíritu de “servicio público” de las autoridades, y usar esos dineros que sobraran en aumentar las pensiones más bajas, por ejemplo, hasta que se ajuste el sistema, porque los fondos que sobraran ya existen y ya han sido asignados. Sólo hay que reasignarlos. Entre otras muchas acciones.

Es decir, en definitiva, el Presidente debe hacer honor a su fama de ser un crack de la gestión, y no dejar pasar esta oportunidad única que se le está presentando. Chile no puede seguir esperando porque ni el hambre, ni la marginación, ni nuestros adultos mayores y niños, ni los enfermos, ni los más necesitados pueden seguir esperando.

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