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Presidenta Michelle Bachelet recibe a Gabriela Blas, previo al Acto de Reconocimiento de Responsabilidad del Estado

Ayer jueves en el Palacio La Moneda, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, recibió en una reunión privada a Gabriela Blas, mujer aymara que en 2011 demandó al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto a la dirigente aymara Hortencia Hidalgo y sus dos abogadas.  La reunión antecede el acto público de reconocimiento de responsabilidad estatal que tendrá lugar el día lunes 29 de enero próximo en la Corte Suprema. Ambas actividades se enmarcan en el cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) alcanzado ante la CIDH por la Sra. Blas y el Estado de Chile, en junio de 2016.

El acuerdo permitió poner fin a la denuncia presentada por Gabriela Blas, representada por Corporación Humanas y el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, ante la CIDH Humanos en mayo del año 2011, a raíz de las graves violaciones a sus derechos humanos y los de su hija C.B.B. Los hechos que dieron lugar a la denuncia se remontan a julio de 2007, cuando la Sra. Blas sufre el extravío de su hijo E.B.B. mientras realizaba labores de pastoreo en un sector aislado del altiplano al interior de Arica. Al denunciar el hecho fue detenida arbitrariamente, sometida a interrogatorios y acusada injustamente sobre su participación en la pérdida de su hijo.

Tras la reunión con la Presidenta de la República, Gabriela Blas señaló que “la Presidenta Bachelet me ha escuchado con atención, todo lo que yo he padecido. Ella era Presidenta de Chile cuando a mí me encarcelaron por la muerte de mi hijo, de la que yo no tuve culpa alguna, y cuando me quitaron a mi otra hija, mi niña a la que entregaron en adopción internacional, sin que se tomara en cuenta mi opinión pues yo todas las veces dije que quería quedarme con ella”.

En tanto, sus abogadas manifestaron que “Gabriela Blas, una mujer aymara que sufrió la pérdida de un hijo, padeció, además, la discriminación por parte del Estado de Chile que la condenó gravemente por ello, y luego de haber permanecido varios años privada de libertad, hoy es recibida por la Presidenta de la República, lo que le permite a ella enfrentar con dignidad al Estado de Chile y sus autoridades, quienes reconocen la violación a sus derechos y procurarán su reparación”, según señaló Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas.

Por otra parta, Nancy Yañez, también abogada de Gabriela Blas, señaló que “tras el inmenso daño infligido a la Sra. Blas por el Estado de Chile, ella fue recibida por la Presidenta Bachelet, en un gesto que busca que ella sea reparada por los graves daños que ha sufrido luego de que fuera condenada a prisión por la pérdida de uno de sus hijos y se le despojara de su otra hija, C.B.B., una niña indígena que fue entregada en adopción internacional, desarraigada de su cultura y su familia de origen, mientras su madre permanecía en prisión”.

Sobre los hechos

Tras buscar infructuosamente a su hijo en julio de 2007, la Sra. Blas acude a Carabineros del poblado de Alcérreca, pero los funcionarios, en lugar de acudir en la búsqueda inmediata del niño; la detienen, situación que se extendió ilegalmente por 7 días. Fue sometida a constantes interrogatorios sin lectura de sus derechos ni contando con asistencia legal e inclusive la amenazan y someten a torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Posteriormente, es trasladada a Arica y queda en prisión preventiva, siendo estigmatizada por la prensa como parricida.

En diciembre de 2008 es encontrado el cuerpo sin vida del niño E.B.B., comprobándose que en su muerte no hubo participación de terceras personas, pero a la madre no se le permite asistir a los ritos fúnebres. Mientras Gabriela Blas estaba privada de libertad, el SENAME solicitó la declaración de susceptibilidad de adopción de su hija C.B.B., y la niña es entregada en adopción internacional pese a la oposición expresa de la madre.

El 27 de marzo de 2009, Gabriela Blas es acusada, entre otros delitos, por abandono de menor con resultado de muerte y el día 15 de abril de 2010 condenada a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica. Esta primera condena fue anulada por la Corte de Apelaciones de Arica, debido a las diversas irregularidades que se constatan en el procedimiento, principalmente la insuficiencia de prueba inculpatoria, lo que da lugar a un nuevo juicio. En el segundo juicio, con la misma evidencia probatoria se la condena, en cambio, a la pena de doce años. Mientras Gabriela Blas se encontraba privada de libertad, fue sometida a la medida de aislamiento y no contó con la atención médica necesaria frente a los diversos problemas de salud que presentó. De ahí que, además de la denuncia ante la CIDH, sus abogadas debieran presentar una solicitud de medida cautelar.

En mayo de 2012, la Sra. Blas fue beneficiaria de un indulto particular que redujo su condena a seis años de presidio mayor en su grado mínimo; y tras la dictación de la Ley Nº 20.588 de indulto general, publicada en el Diario Oficial el 1º de junio de ese año, pudo acogerse a la misma y terminar cumpliendo su condena bajo control administrativo de Gendarmería, pero en libertad a partir del 9 de junio de 2012.

El Acuerdo de Solución Amistosa

En adelante, y especialmente a partir del año 2014, las representantes de Gabriela Blas y autoridades del Estado de Chile sostuvieron numerosas reuniones a fin de alcanzar un Acuerdo de Solución Amistosa que permitiera el reconocimiento de la vulneración de derechos cometida en contra de la Sra. Blas y su hija C.B.B. y la adopción de un conjunto de medidas de reparación y garantías de no repetición.

Es así como en el Acuerdo de Solución Amistosa suscrito el 11 de junio de 2016 se definieron medidas de reparación para la Sra. Gabriela Blas, tales como una pensión de gracia, una vivienda adecuada y la eliminación de sus antecedentes penales. Ello, en virtud de la facultad que le otorga al Director del Servicio de Registro Civil e Identificación el Decreto Supremo N° 64 de 1960 del Ministerio de Justicia, normativa que en cumplimiento del acuerdo fue modificada a efectos de incorporar una nueva causal que habilita al Director del Registro Civil para eliminar antecedentes penales “[c]cuando se trate del cumplimiento de sentencias internacionales o de acuerdos de solución amistosa homologados en materia de derechos humanos en que en Estado de Chile sea parte” (art. 8 letra i).

Además, el Estado se comprometió a capacitar a funcionarios/as públicos/as sobre Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas y Acceso a la Justicia; conformar una mesa de trabajo que formule una propuesta de indicaciones a la legislación sobre adopción de menores “con el objeto de incorporar el principio de interculturalidad en los procesos de adopción”; como igualmente a la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad estatal, el que tendrá lugar el día 29 de enero de 2018 en la sede del máximo tribunal de justicia del país, y en el que intervendrá el Presidente de la Corte Suprema y participarán altas autoridades de los poderes del Estado