prensa 21/11/2019

  • Ministros dieron ocho días de plazo a coronel de Ejército Héctor Ponce Ortega para que explique el incidente ocurrido el 12 de noviembre durante una marcha que pasó por las afueras del recinto castrense, cuando uniformados apuntaron contra la multitud de personas que pasaba por el lugar, entre quienes había niños y niñas.

La secuencia fue grabada con la cámara de un teléfono celular. En las imágenes se aprecia el momento exacto en el que personal militar apunta con sus fusiles a un grupo de manifestantes que participaba de una marcha pacífica convocada por el Colegio de Profesores, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y la Central Unitaria de Trabajadores y que en ese momento pasaba por avenida General Velásquez frente a la Brigada Motorizada N° 4 o Regimiento “Rancagua”.

Quien sostenía el celular para registrar las imágenes era el abogado y ex seremi de Bienes Nacional de Tarapacá Juan Bosco Martínez, quien presentó un recurso de protección en contra del comandante del Regimiento “Rancagua”, coronel Héctor Ponce Ortega, el que fue declarado admisible por la Corte de Apelaciones de Arica la que, además, pidió al oficial remitir un informe pormenorizado respecto de lo ocurrido fijando un plazo de ocho días.

Según explicó Martínez el objetivo del recurso de protección es que “se les prohíba intimidar o amenazar a los manifestantes que marchan pacíficamente por la avenida General Velásquez frente al regimiento”. Al respecto la ex autoridad relató que en la manifestación del día 12 de noviembre  marchaban jóvenes, mujeres, niñas, niños, incluso madres con guaguas en coche. “Por lo tanto nos parece un abuso, una arbitrariedad y un uso ilegal de la fuerza por parte de quienes tienen el monopolio de las armas. Amenazar y apuntar con armas de fuego a la población nos parece un abuso y una violación a los derechos humanos”.

Según consigna el recurso presentado, “cuando la masiva columna de manifestantes se desplazaba pacíficamente por la avenida General Velásquez, alrededor de las 12.23 este recurrente, su compañera Pelusa López Bustos y un grupo de manifestantes compuesto principalmente por mujeres, jóvenes, niños y niñas, fueron intimidados y amenazados con armas de fuego por personal militar que se había apostado en los techos, parapetados detrás delos muros y torreones de la Brigada Motorizada N° 4 Rancagua (Regimiento Rancagua).

En el marco de este incidente, el Juzgado de Garantía de Arica declaró ayer admisible una querella por el delito de amenazas interpuesta por el abogado afectado en contra de quienes resulten responsables de los hechos denunciados.

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