El ente contralor tendrá que determinar por qué la organización pública empleó los servicios de un grupo musical que no contaba con los documentos legales para trabajar como “Alegría”.
La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) fue denunciada ante la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en la contratación de una agrupación musical que se presentó durante la Muestra Andina de Arica, actividad desarrollada entre el 29 y el 31 de mayo de 2026.
Según los antecedentes entregados al organismo fiscalizador, la entidad pública adjudicó mediante la Orden de Compra No. 801-41-SE26 una presentación artística a través de la productora Master Black Producciones, correspondiente a una agrupación identificada como «Alegría Histórico», también promocionada bajo la denominación «Alegría Máximo Level».
La presentación sostiene que la comisión evaluadora habría omitido verificar antecedentes relativos a la titularidad de la marca comercial «Grupo Alegría», registrada en Chile y vigente ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).
«Para un trámite de este tipo la normativa exige revisar los antecedentes relativos a la propiedad de la marca. Quienes utilizan estas denominaciones intentan posicionarse comercialmente mediante signos que presentan evidentes similitudes con una marca previamente registrada», señalaron representantes jurídicos vinculados al titular marcario.
El abogado Juan Pablo de la Jara, representante de los propietarios de la marca, afirmó que «el uso de denominaciones similares a una marca registrada para ofrecer los mismos servicios musicales genera un evidente riesgo de confusión entre contratantes y consumidores. La legislación chilena protege expresamente a quienes han registrado una marca y les otorga herramientas para impedir que terceros obtengan beneficios económicos aprovechando su prestigio y trayectoria».
El profesional agregó que «ninguna persona adquiere derechos sobre una marca por el solo hecho de haber integrado una agrupación en el pasado. La titularidad marcaria corresponde a quien la registró legalmente y cualquier utilización comercial requiere autorización expresa de sus propietarios».
Entre las medidas solicitadas a la Contraloría figura la liberación de antecedentes asociados a la oferta técnica presentada durante el proceso de contratación, con el objetivo de esclarecer los criterios utilizados en la evaluación y eventual adjudicación del espectáculo.
Los denunciantes sostienen que el caso podría sentar un precedente respecto de la obligación que tienen los organismos públicos de verificar la situación legal de marcas comerciales utilizadas en actividades financiadas con recursos fiscales.
