Con un amplio despliegue policial y el desalojo de cientos de viviendas comenzó este sábado la primera etapa del operativo destinado a recuperar el sector de Cerro Chuño, uno de los puntos más controversiales de Arica por su deterioro urbano, los problemas sanitarios derivados de la contaminación por polimetales y los antecedentes de actividad delictual y crimen organizado.
La intervención, encabezada por las autoridades regionales y con participación de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y distintos servicios públicos, contempla cuatro etapas y busca avanzar progresivamente en la recuperación de terrenos pertenecientes al Estado y posteriormente en la demolición de las estructuras existentes.
Durante la jornada se realizaron más de 90 controles de identidad y una persona fue detenida por una infracción a la Ley 20.000, relacionada con drogas. Además, 12 personas fueron denunciadas por infracciones a la legislación migratoria y tres ciudadanos extranjeros fueron notificados de órdenes de expulsión pendientes.
De acuerdo con el balance entregado durante el operativo, hasta la primera parte de la jornada se habían desalojado alrededor de 135 viviendas, mientras el objetivo de esta primera etapa contempla intervenir aproximadamente 220 inmuebles.
Las autoridades destacaron que el procedimiento se desarrolló sin incidentes violentos de consideración ni personas lesionadas, mientras equipos sociales permanecieron desplegados para atender a las familias que requerían apoyo.
Gobierno defiende recuperación del territorio
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, calificó el procedimiento como una señal de recuperación del control territorial por parte del Estado y sostuvo que Cerro Chuño se había convertido durante años en un símbolo de problemas vinculados a la seguridad, la crisis sanitaria y la migración irregular.
«Hoy el Estado en su plenitud vuelve a entrar en Cerro Chuño», afirmó la autoridad durante el despliegue, aludiendo a los antecedentes que vinculan al sector con organizaciones criminales y delitos como tráfico de drogas, acopio de armas y otros hechos investigados por organismos policiales y judiciales.
Pavez también sostuvo que la intervención se realiza con un criterio que busca combinar el cumplimiento de las decisiones administrativas con medidas de protección para las personas que se encontraban viviendo en el lugar.
El delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Cristián Sayes, destacó, por su parte, la planificación previa del operativo y señaló que el procedimiento busca cumplir un compromiso de recuperación territorial que, a su juicio, había sido postergado durante años.
La autoridad regional afirmó que, una vez concluida la fase de desalojo, se avanzará en el cierre perimetral del sector y posteriormente en las labores de demolición de las estructuras.
Residentes bolivianos cuestionan el desalojo y aseguran que las viviendas eran de su propiedad
Sin embargo, el operativo también dejó en evidencia una arista social y jurídica que podría abrir un nuevo capítulo en el conflicto: residentes de nacionalidad boliviana que habitaban en Cerro Chuño han manifestado su rechazo al desalojo y sostienen que algunas de las viviendas que ocupaban eran consideradas por ellos como sus propias propiedades.
Los afectados cuestionan que el procedimiento los trate como simples ocupantes irregulares y aseguran que llegaron a vivir en el sector después de adquirir, construir o recibir viviendas que consideraban de su pertenencia.
Esta situación plantea una controversia que deberá ser aclarada caso a caso, especialmente respecto de la eventual existencia de documentos, contratos, cesiones de derechos u otros antecedentes que puedan respaldar las afirmaciones de los residentes.
La posición de las autoridades, en cambio, sostiene que los terrenos intervenidos pertenecen al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), por lo que las ocupaciones y construcciones levantadas en ellos carecerían de autorización legal.
La disputa adquiere especial complejidad debido a que el proceso de recuperación territorial se desarrolla sobre un asentamiento cuya historia se remonta a distintos períodos de ocupación y abandono, y donde también existen antecedentes relacionados con la problemática de los polimetales y la contaminación ambiental.
Para los residentes afectados, el desalojo no solo representa la pérdida del lugar donde viven, sino también la incertidumbre respecto de su futuro habitacional y la posibilidad de perder bienes y estructuras que consideran propias.
Un territorio marcado por la contaminación
Cerro Chuño arrastra además una compleja historia sanitaria. El sector forma parte de una zona afectada por la presencia de polimetales, entre ellos plomo y arsénico, situación que durante años generó preocupación entre sus habitantes y motivó diversas acciones del Estado.
Las autoridades han señalado que la recuperación del terreno busca también reducir los riesgos sanitarios existentes y evitar que el área continúe siendo utilizada como lugar de residencia.
Uno de los próximos pasos será el retiro de estructuras y materiales que puedan representar un peligro ambiental. Entre ellos se encuentran techumbres con presencia de asbesto, cuya manipulación requiere procedimientos especiales y disposición en instalaciones autorizadas.
El cierre del perímetro será considerado un paso clave para impedir nuevas ocupaciones y permitir el avance de las obras proyectadas.
Cerro Chuño y el fantasma del crimen organizado
El operativo también está marcado por los antecedentes que durante los últimos años han relacionado el sector con organizaciones criminales.
Cerro Chuño fue identificado como uno de los territorios donde habría operado la banda conocida como «Los Gallegos», organización vinculada por las investigaciones judiciales al Tren de Aragua y a una serie de delitos de alta gravedad.
Las autoridades han señalado que el sector habría sido utilizado para actividades relacionadas con el tráfico de drogas y otros delitos violentos. Estos antecedentes han convertido la recuperación del territorio en una prioridad dentro de las políticas de seguridad implementadas en el extremo norte del país.
El Gobierno ha comparado la intervención con otros procesos de recuperación de terrenos ocupados irregularmente desarrollados en distintas regiones de Chile, planteando que el objetivo es impedir que espacios sin presencia efectiva del Estado terminen siendo aprovechados por organizaciones criminales.
Las familias desalojadas y el desafío que viene
Uno de los principales desafíos que enfrenta ahora el proceso será determinar el destino de las familias que abandonaron o deberán abandonar el sector.
El Gobierno informó que se realizó previamente un catastro de las personas que habitaban en el lugar y que existe un sistema de priorización para entregar apoyo a quienes se encuentren en situaciones de mayor vulnerabilidad.
También se habilitaron espacios de alojamiento temporal para quienes requieran asistencia, aunque las autoridades han señalado que hasta el momento no todas las personas consideradas potencialmente beneficiarias han solicitado este apoyo.
El proceso, sin embargo, podría generar nuevas tensiones sociales si las familias desalojadas no cuentan con alternativas habitacionales permanentes.
A ello se suma la controversia planteada por residentes bolivianos y otros ocupantes que sostienen que las viviendas que habitaban eran de su propiedad, argumento que podría abrir nuevas discusiones administrativas y judiciales sobre la situación jurídica de determinados inmuebles.
Una recuperación que recién comienza
La primera jornada marca apenas el inicio de un proceso que contempla cuatro etapas y que podría extenderse durante las próximas semanas.
El objetivo oficial es recuperar el territorio, cerrar el acceso al área, retirar las estructuras existentes y avanzar hacia la demolición de las viviendas levantadas en el sector.
Para las autoridades, se trata de recuperar un espacio que durante años estuvo asociado a contaminación, abandono y actividad criminal.
Para las familias desalojadas, en cambio, comienza ahora un período de incertidumbre respecto de su futuro habitacional y, en el caso de algunos residentes bolivianos, una disputa por el reconocimiento de los derechos que aseguran tener sobre las viviendas que ocupaban.
El desafío para el Estado será, a partir de ahora, conseguir que la recuperación de Cerro Chuño no termine únicamente en la demolición de las construcciones, sino que se traduzca en una solución definitiva para un territorio que durante décadas ha concentrado algunos de los problemas sociales, sanitarios y de seguridad más complejos de Arica.
