Las declaraciones fueron entregadas por el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arturo Prat en una entrevista publicada por Diario El Nortino, donde abordó la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia, agilizar los procesos internos y garantizar espacios seguros para toda la comunidad universitaria.
La necesidad de fortalecer los mecanismos de protección al interior de las instituciones de educación superior, agilizar la tramitación de las denuncias y garantizar espacios seguros para estudiantes, académicos y funcionarios fue uno de los principales temas abordados por el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arturo Prat (UNAP), Máximo Javier Sierralta Soto, durante una entrevista publicada recientemente por Diario El Nortino.
En la conversación, el dirigente estudiantil manifestó la preocupación de la Federación por la percepción que existe entre parte del estudiantado respecto de la demora en los procesos de denuncia y la necesidad de fortalecer la confianza en los canales institucionales destinados a atender situaciones de vulneración.
Sierralta explicó que la Federación participa activamente en la Comisión de Denuncias establecida en el Reglamento 550, instancia triestamental encargada de conocer aquellas denuncias que no corresponden a materias reguladas por la Ley N.º 21.043 (Ley Karin) ni por la Ley N.º 21.369 sobre violencia de género. Según indicó, esta comisión revisa casos relacionados con maltrato académico, discriminación arbitraria, conflictos entre estudiantes y otras situaciones que afectan la convivencia universitaria, entregando garantías para que las denuncias puedan ser investigadas y, cuando corresponda, derivadas a los procedimientos disciplinarios respectivos.
Respecto de las consultas que recibe la Federación, señaló que la mayor parte corresponde a situaciones de maltrato académico y conflictos que se producen entre docentes y estudiantes dentro del proceso formativo. Sin embargo, aclaró que muchas personas buscan inicialmente orientación y asesoría antes de presentar una denuncia formal, privilegiando el diálogo y la mediación como primeras alternativas de solución. A su juicio, la denuncia suele transformarse en el último recurso cuando las demás vías ya se encuentran agotadas.
Al analizar las dificultades que enfrentan estos procesos, el dirigente sostuvo que existen responsabilidades compartidas. Explicó que algunos procedimientos se retrasan porque los propios denunciantes no completan la etapa de ratificación o no responden oportunamente a los requerimientos de antecedentes. No obstante, afirmó que también existe una responsabilidad institucional, señalando que los tiempos de tramitación continúan siendo excesivamente prolongados y que aún permanecen causas correspondientes a años anteriores pendientes de resolución.
Asimismo, indicó que la Federación mantiene un diálogo permanente con Rectoría, la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), la Vicerrectoría Académica y las distintas facultades. Sin embargo, manifestó que muchas decisiones dependen de otros organismos internos de la universidad, lo que, según expresó, dificulta que quienes presentan denuncias puedan acceder oportunamente a información sobre el avance de sus casos.
Durante la entrevista también manifestó su preocupación por la percepción de impunidad que, según indicó, experimentan algunos estudiantes cuando las respuestas institucionales tardan en llegar. En ese contexto, sostuvo que el tratamiento de las denuncias se ha vuelto excesivamente burocrático y administrativo, planteando la necesidad de incorporar especialistas en mediación, acompañamiento y apoyo psicológico que permitan resolver conflictos de manera más temprana y brindar una atención integral a quienes atraviesan situaciones de vulneración.
Consultado sobre el mensaje dirigido a quienes aún no se atreven a denunciar, Sierralta afirmó que la Federación continuará acompañando a los estudiantes durante todo el proceso, promoviendo que las denuncias sean tramitadas con mayor celeridad y que las víctimas reciban medidas de protección y reparación cuando corresponda. En ese sentido, sostuvo que toda institución de educación superior debe garantizar espacios seguros para estudiantes, docentes y funcionarios, fortaleciendo las condiciones que permitan desarrollar la vida universitaria en un ambiente de respeto y confianza.
Uno de los aspectos que el dirigente calificó como más preocupantes fue la percepción de inseguridad al interior de la universidad. Sierralta sostuvo que esta problemática no se limita a los hechos delictivos que puedan ocurrir en el entorno del campus, sino que también involucra situaciones que, según señaló, afectan la convivencia dentro de la propia institución. Entre ellas mencionó problemas internos, robos, presuntas situaciones de microtráfico y consumo problemático de drogas, hechos de violencia en espacios universitarios, casos de violencia de género y acciones destinadas a afectar la reputación y dignidad de integrantes de la comunidad mediante rayados o funas. Asimismo, expresó su preocupación por estudiantes que, según indicó, han optado por abandonar la universidad al considerar que no encontraron respuestas oportunas frente a las situaciones que denunciaron, insistiendo en que la educación superior debe garantizar ambientes seguros, mecanismos eficaces de protección y respuestas oportunas para toda la comunidad universitaria.
Finalmente, el presidente de la Federación de Estudiantes hizo un llamado a las autoridades universitarias para fortalecer los mecanismos de protección, agilizar la resolución de las denuncias y consolidar una cultura institucional basada en la prevención, el respeto y la confianza. A su juicio, avanzar en procesos más oportunos y transparentes permitirá no solo mejorar la convivencia al interior de la Universidad Arturo Prat, sino también reforzar el compromiso que toda institución de educación superior debe asumir con la protección y el bienestar de quienes forman parte de su comunidad.
Las declaraciones formuladas por el dirigente estudiantil abren un debate que trasciende a la Universidad Arturo Prat y alcanza a las instituciones de educación superior en general. La eficacia de los mecanismos de denuncia, la rapidez en las respuestas, la mediación, el acompañamiento especializado y la generación de espacios seguros constituyen desafíos permanentes para universidades que buscan fortalecer la confianza de sus comunidades y promover una convivencia basada en el respeto, la dignidad y la protección de las personas.
