Tras un extenso período de gestación que abarcó más de 14 años desde su ingreso en 2009, el Senado ha finalmente despachado la Ley de Seguridad Privada. Este miércoles, la iniciativa recibió un amplio respaldo por parte de los parlamentarios, marcando un hito significativo en la regulación de una industria que mueve cerca de US$500 millones en nuestro país.
El Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, figura clave en el impulso de esta legislación, destacó la transversalidad del respaldo político obtenido para regular una actividad cuya normativa se encontraba desactualizada y dispersa en diversas leyes, decretos, reglamentos y manuales.
La nueva ley, que fue destrabada en tan solo 4 meses desde que se reanudó el debate y obtuvo luz verde tras las últimas modificaciones en la Comisión Mixta, establecerá un marco normativo actualizado y coherente para toda la industria de seguridad privada. Esta normativa promoverá el papel coadyuvante y complementario de la seguridad privada en relación con la seguridad pública, imponiendo obligaciones específicas a los sujetos y empresas reguladas.
Uno de los puntos destacados de la ley es la modernización de los procesos de certificación de guardias y vigilantes privados. La certificación será otorgada por la Subsecretaría de Prevención del Delito a través de una plataforma informática administrada por la cartera, optimizando y agilizando este aspecto crucial para la eficacia de la seguridad privada.
El Subsecretario Eduardo Vergara elogió la capacidad de diálogo de los actores involucrados y subrayó los cambios significativos que esta legislación introducirá en la institucionalidad de seguridad privada en Chile.
Con la aprobación de esta ley, el Gobierno cumple con 19 de los 31 compromisos en materia de seguridad pública, establecidos en colaboración con la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Vergara resaltó que la nueva ley permitirá una regulación con estándares mundiales, mejorando la especialización de los guardias de seguridad y garantizando un nivel de certeza crucial para el sector.
Otro avance clave de la Ley de Seguridad Privada es la modernización de los requisitos para que personas naturales y empresas de seguridad puedan ejercer actividades en este ámbito. También se refuerza la regulación de la seguridad privada en eventos masivos y se fortalecen las funciones del órgano rector en la materia, el Ministerio encargado de la Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
La norma, además, contribuirá a optimizar los recursos policiales al elevar la capacidad y los estándares de la seguridad privada, evitando la asignación de personal operativo de Carabineros para tareas estratégicas y de control en espacios públicos.
La medida ahora se someterá a la revisión de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional y, posteriormente, será promulgada por el Presidente de la República, Gabriel Boric, marcando el comienzo de una nueva etapa en la regulación de una actividad crucial que influye significativamente en la seguridad y la economía del país.
