La legisladora afirmó que este ilícito “ha dejado de ser una conducta aislada para transformarse en una actividad organizada” y que daña “la salud pública, la inocuidad alimentaria y la protección del patrimonio sanitario del país”
Con el objetivo de fortalecer la persecución y sanción del contrabando, así como del comercio ilegal de alimentos, la diputada del Partido Republicano Stephanie Jéldrez, presentó un proyecto de ley que tipifica la responsabilidad penal de quienes participan en toda la cadena logística y comercial de estas actividades ilícitas, incluyendo propietarios de bodegas, transportistas, conductores, distribuidores y comercializadores.
La legisladora explicó que el contrabando de alimentos “constituye una de las expresiones más graves del comercio ilícito que afecta actualmente al país. A diferencia de otras mercancías, la internación, almacenamiento y comercialización clandestina de alimentos perecibles destinados al consumo humano o animal, no solo ocasiona un perjuicio económico al comercio formal y al Fisco, sino que además, pone en riesgo la salud pública, la seguridad alimentaria y el patrimonio fito y zoosanitario nacional”.
Cabe recordar que en los últimos meses, diversos operativos en Calama y en la Región de Tarapacá, permitieron decomisar carnes, pollos, alimentos preparados, huevos y otros productos agropecuarios ingresados clandestinamente al territorio nacional, cuyo origen y condiciones sanitarias eran desconocidas.
Por ello, la representante del Distrito 1 subrayó que estos hechos “demuestran que el contrabando de alimentos ha dejado de ser una conducta aislada para transformarse en una actividad organizada que requiere transporte, centros de acopio, bodegas, distribución y comercialización, permitiendo que productos sin ningún control sanitario lleguen finalmente al consumidor”.
“Cuando el objeto del contrabando corresponde a alimentos, productos agrícolas, pecuarios o carnes”, agregó la parlamentaria, “el daño excede ampliamente la mera afectación del control aduanero, comprometiendo bienes jurídicos especialmente protegidos, como la salud pública, la inocuidad alimentaria y la protección del patrimonio sanitario del país”.
“Resulta necesario fortalecer la legislación vigente aumentando las sanciones aplicables al contrabando de alimentos, sancionando expresamente a quienes participen en las distintas etapas de la cadena de distribución ilícita y ampliando las facultades de decomiso respecto de los bienes utilizados para cometer estos delitos”, cerró la diputada Jéldrez.
