En Arica crecen las críticas por la influencia de Layleen González, actual directora subrogante de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y figura cercana a la candidata a diputada Sandra Flores (PS). Pese a enfrentar denuncias por maltrato laboral en el marco de la Ley Karin, González ha consolidado un rol clave en la administración de la educación pública de la región.
Además de su cargo en JUNJI, la dirigente forma parte del Comité Directivo Local del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Chinchorro. Aunque su periodo ya se encuentra vencido, continúa participando de las sesiones y, según trascendidos, podría estar recibiendo remuneración por su asistencia.
Desde esa posición, González habría impulsado la salida de la exdirectora Julia Oróstegui y la llegada de Julio Verdejo como director suplente, en un movimiento que observadores locales interpretan como una maniobra política más que técnica.
El caso abre interrogantes sobre cuánto influyen los equilibrios partidarios y las redes políticas en la gestión educativa de Arica. ¿Se están priorizando intereses ajenos a la comunidad escolar por sobre las necesidades de estudiantes y docentes? ¿Existe suficiente transparencia en el uso de cargos públicos y en la toma de decisiones dentro del sistema educativo local? Preguntas que hoy siguen pendientes y que la ciudadanía espera ver respondidas.
