La salida de Marcos Oviedo ocurre tras conocerse antecedentes sobre eventuales contrataciones de personas vinculadas a partidos de la coalición de Gobierno. Mientras el Sernac instruyó un sumario administrativo, la Contraloría General de la República también abrió una investigación para revisar la legalidad de las actuaciones denunciadas.
La administración pública en la Región de Arica y Parinacota enfrenta un nuevo episodio que vuelve a poner en el centro del debate la transparencia en la contratación de funcionarios públicos. El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) confirmó la renuncia de quien se desempeñaba como director regional subrogante, Marcos Oviedo, luego de conocerse antecedentes sobre eventuales contrataciones de personas vinculadas políticamente a partidos que integran la coalición de Gobierno.
Mediante una declaración institucional, el Sernac informó que la directora nacional subrogante solicitó la renuncia del funcionario, la que fue aceptada, e instruyó un sumario administrativo para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.
Asimismo, el servicio aseguró que colaborará con las instancias competentes y reafirmó su compromiso con los principios de probidad, transparencia e integridad que deben regir el ejercicio de la función pública.
Correos y contrataciones bajo la lupa
La controversia surgió tras la difusión de antecedentes sobre un correo electrónico enviado en junio por Marcos Oviedo, en el que planteaba la necesidad de conformar un nuevo equipo de trabajo alineado con las directrices del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.
Según la información conocida públicamente, el entonces director regional subrogante solicitó autorización para incorporar profesionales vinculados a Renovación Nacional y al Partido Republicano, argumentando la necesidad de reemplazar funcionarios que enfrentaban procesos disciplinarios.
Aunque posteriormente se le informó que las restricciones presupuestarias impedían realizar contrataciones directas, una profesional militante de Renovación Nacional terminó incorporándose al servicio bajo la modalidad de contrata.
La contratación generó nuevos cuestionamientos luego de conocerse antecedentes judiciales del pasado de la funcionaria, situación que intensificó las críticas respecto del proceso de selección y de los criterios utilizados para el ingreso de personal.
Nuevo episodio que tensiona la probidad pública
El caso se produce pocos días después de la salida de la exseremi de Salud de Arica y Parinacota, Karla Kepec, quien dejó su cargo tras difundirse un mensaje en el que ofrecía oportunidades laborales dirigidas exclusivamente a militantes republicanos o familiares de estos.
Ambos episodios han reabierto el debate sobre la utilización de criterios políticos en la contratación de funcionarios públicos y el respeto a los principios de igualdad, mérito e imparcialidad que establece la legislación para el acceso a la administración del Estado.
Especialistas en derecho administrativo han señalado reiteradamente que, salvo los cargos de exclusiva confianza, el ingreso a la función pública debe sustentarse en criterios objetivos, respetando los principios de probidad, transparencia e igualdad de oportunidades.
Dos investigaciones paralelas
Hasta ahora, el Sernac mantiene en desarrollo un sumario administrativo destinado a establecer si existieron irregularidades en los procesos de contratación y las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.
Paralelamente, Arica Online confirmó que la Contraloría General de la República instruyó un procedimiento de fiscalización para revisar la legalidad de las actuaciones administrativas relacionadas con las contrataciones efectuadas en la dirección regional del Sernac. Esta investigación se desarrollará de manera independiente al sumario interno del servicio, en el marco de las facultades fiscalizadoras que la Constitución y la ley confieren al organismo contralor.
Con ambas investigaciones en curso, será el resultado de los respectivos procedimientos el que determine si existieron infracciones a la normativa que regula el ingreso y ejercicio de la función pública, así como las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de este nuevo caso que afecta a la administración pública en la Región de Arica y Parinacota.
