La Contraloría General de la República instruyó el inicio de un sumario administrativo en la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Arica y Parinacota, con el propósito de esclarecer eventuales irregularidades relacionadas con la contratación de dos tecnólogos médicos y determinar las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder.
La medida fue adoptada mediante la Resolución Exenta N.º RE22824/2026, emitida el 30 de julio de 2026 por la División de Función Pública del organismo contralor, bajo el Rol N.º 347996/2026, documento que dispone el inicio del procedimiento disciplinario tanto en la Seremi de Salud de Arica y Parinacota como en los demás servicios que resulten pertinentes.
Como parte de las diligencias iniciales, la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, a través de su Unidad de Control Externo, remitió el Oficio N.º OF143787/2026, solicitando antecedentes específicos a la autoridad regional de salud.
Entre la información requerida se encuentra:
- Informar si existió la necesidad de contratar a dos tecnólogos médicos para dicho servicio, detallando de manera expresa la forma en que fueron provistos esos cargos, las funciones asignadas, las condiciones de contratación y el perfil de los profesionales.
- Precisar si el número telefónico +56974305631 pertenece a los activos institucionales de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Arica y Parinacota.
El oficio señala que la solicitud se realiza en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N.º 10.336, que regula las atribuciones de la Contraloría General de la República, así como de las disposiciones contenidas en la Resolución N.º 10 de 2021, que fija las normas para las auditorías efectuadas por el ente fiscalizador.
Asimismo, el organismo otorgó un plazo de dos días hábiles administrativos, contados desde la recepción del oficio, para que la Seremi remita los antecedentes requeridos a través de la plataforma de Ventanilla Única de la Contraloría.
La instrucción de un sumario administrativo constituye un procedimiento destinado a investigar los hechos, reunir antecedentes y determinar si existieron eventuales infracciones administrativas, garantizando el derecho a defensa de los funcionarios involucrados antes de adoptar cualquier decisión definitiva.
Con esta resolución, la Contraloría busca esclarecer las circunstancias en que se efectuaron las contrataciones cuestionadas y verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la administración pública. Hasta el momento, el organismo fiscalizador no ha emitido conclusiones sobre eventuales responsabilidades, las que deberán determinarse una vez concluido el proceso investigativo.
