La medida tendrá una vigencia de 30 días y responde a la emergencia generada por el sistema frontal que afecta a distintas zonas del país. El decreto también designa a los jefes de la Defensa Nacional que estarán a cargo de coordinar las acciones durante la emergencia.
La Contraloría General de la República tomó razón este lunes 20 de julio del Decreto Supremo N.º 112, del Ministerio del Interior, mediante el cual se declara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por calamidad pública en la Provincia de Huasco, en la Región de Atacama, y en la Región de Coquimbo.
La decisión del Ejecutivo se adopta en el contexto de la emergencia provocada por el sistema frontal que afecta a diversas zonas del país y contempla una vigencia de 30 días para ambas jurisdicciones, con el objetivo de facilitar la coordinación y ejecución de las medidas necesarias para enfrentar las consecuencias derivadas del fenómeno meteorológico.
El decreto establece, además, la designación de los respectivos jefes de la Defensa Nacional, quienes tendrán a su cargo la coordinación de las acciones vinculadas a la emergencia dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad.
En la Provincia de Huasco, la conducción de la Defensa Nacional estará a cargo del general de brigada del Ejército Claudio Paredes, mientras que en la Región de Coquimbo asumirá esta responsabilidad el general de brigada del Ejército Eugenio Ribba.
La declaración del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe permite al Estado disponer de herramientas extraordinarias para enfrentar situaciones de calamidad pública y coordinar de manera más efectiva los recursos y capacidades institucionales destinados a la protección de la población y la recuperación de las zonas afectadas.
La medida se suma a las acciones que las autoridades nacionales y regionales desarrollan frente al sistema frontal, fenómeno que ha generado condiciones meteorológicas adversas y mantiene a distintos organismos de emergencia desplegados para atender eventuales afectaciones a la infraestructura, conectividad y seguridad de las comunidades.
Con la toma de razón por parte de la Contraloría, el decreto queda formalmente habilitado para su implementación, dando paso al despliegue de las autoridades civiles y militares designadas para enfrentar la emergencia durante el período establecido.
