Investigación de la Brigada Antinarcóticos de Arica permitió detener a un imputado que ofrecía drogas y medicamentos controlados mediante plataformas digitales. El tribunal decretó su prisión preventiva.
Un nuevo golpe al narcotráfico concretó la Policía de Investigaciones (PDI) en la Región de Arica y Parinacota, luego de desarticular un sistema de comercialización de drogas que utilizaba las redes sociales como principal canal para captar compradores y coordinar las ventas de sustancias ilícitas.
El procedimiento fue desarrollado por detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Briant) de Arica, en conjunto con la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Arica, permitiendo la detención de un ciudadano chileno imputado por el delito de tráfico de drogas.
Las diligencias investigativas establecieron que el sujeto mantenía un sistema de acopio de distintas drogas y medicamentos sujetos a control, los que posteriormente ofrecía y comercializaba utilizando plataformas digitales, coordinando las entregas en diversos sectores de la ciudad.
El jefe de la Brigada Antinarcóticos de la PDI Arica, subprefecto José Vergara, explicó que la investigación permitió acreditar la forma en que operaba el imputado.
«En el transcurso de la investigación se logró determinar que este sujeto comercializaba la droga en diferentes puntos de la ciudad de Arica. En el procedimiento se incautaron distintos tipos de drogas y fármacos contenedores de codeína», señaló la autoridad policial.
Como resultado del operativo, los detectives incautaron 125 frascos de jarabe con codeína, además de numerosas dosis de cannabis sativa, ketamina y MDMA (éxtasis), sustancias cuyo tráfico representa un importante riesgo para la salud pública y cuya comercialización se encuentra severamente sancionada por la legislación chilena.
Tras la detención, la Fiscalía de Arica formalizó al imputado por el delito de tráfico de drogas. El Juzgado de Garantía acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva, considerando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Asimismo, el tribunal fijó un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación, período en el que se continuará reuniendo antecedentes destinados a establecer la totalidad de la operación ilícita y eventuales responsabilidades de otras personas vinculadas al caso.
Este procedimiento evidencia cómo las organizaciones y traficantes adaptan sus métodos de comercialización al entorno digital, utilizando redes sociales para ampliar su alcance y dificultar la detección de sus actividades. Frente a este escenario, las investigaciones especializadas y el trabajo coordinado entre la PDI y el Ministerio Público continúan siendo herramientas fundamentales para combatir las nuevas modalidades del narcotráfico y proteger la seguridad de la comunidad.
