El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal -presidido por la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo- dio a conocer los avances del proceso de Inspección Total al Estado.
El trabajo liderado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) ha analizado hasta ahora más de 913 millones de datos correspondientes al período 2022-2026, provenientes de más de 500 servicios públicos. A partir de este proceso, se detectaron alertas y situaciones que involucran recursos públicos por más de US$ 9.200 millones.
La subsecretaria Castillo señaló que existen distintos tipos de hallazgos, entre ellos, errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias y, en algunos casos específicos, antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o incluso hechos de relevancia penal.
Un ejemplo de alerta detectada es la deuda traspasada al nuevo Gobierno. Se trata de US$ 3.200 millones en pagos postergados desde 2025 a 2026, lo que equivale a casi un 1% del PIB.
Esta postergación corresponde al nivel más alto detectado en traspasos presidenciales desde que se tiene registro. Duplica la situación detectada entre los gobiernos del Presidente Piñera y el Presidente Boric y casi triplica los pagos pendientes que pasaron del gobierno de la Presidenta Bachelet al del Presidente Piñera.
También se detectaron US$ $3.170 millones en compras públicas realizadas mediante trato directo o compra ágil en casos donde podían haberse utilizado mecanismos competitivos, cuyo uso hubiera ahorrado cerca de US$ 760 millones. Por otro lado, el Estado aún no recupera US$ 150 millones de licencias médicas por deficiencias en la gestión de cobro.
El Comité informó que se abrieron investigaciones específicas en la Junaeb, dependiente del Ministerio de Educación, por posibles fraudes en licitaciones del Plan de Alimentación Escolar, con pagos y servicios no realizados y sobreprecios; en el Ministerio de la Mujer (SernamEG y Prodemu) por uso ineficiente y falta de control de recursos públicos y resultados; en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones por graves problemas de control financiero, rendiciones pendientes y no cobro de multas y garantías; y en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), dependiente del Ministerio de Ciencia, por altos niveles de rendiciones rechazadas y recursos pendientes de rendición.
Desde la región de Arica y Parinacota, la Seremi de Gobierno, Pollyana Rivera, enfatizó en la importancia que existe en el Gobierno en torno a asegurar un uso correcto y eficaz de los recursos. “Dentro de los principales mandatos que nos instruyó el Presidente José Antonio Kast desde el comienzo de su administración, fue garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera óptima para qie lleguen efectivamente a las familias chilenas”, señaló la autoridad regional.
La vocera regional de Gobierno agregó que “si se encuentran errores, deben ser corregidos, y si se encuentran indicios de irregularidades o antecedentes de anomalías graves, se remitirán a la Contraloría General de la República, al Consejo de Defensa del Estado o al Ministerio Público según corresponda, lo que aplica a todas las regiones e instituciones porque nuestro Gobierno está comprometido con la gestión eficiente de los recursos del Estado”, finalizó Rivera Bigas.
