En el marco de una compleja investigación desarrollada durante más de dos años, la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Arica y Parinacota, en conjunto con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI), ejecutaron este miércoles un megaoperativo anticorrupción que reveló una red estructurada de corrupción pública que operaba al interior de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota y en la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la ciudad.
El operativo culminó con 10 personas detenidas, entre ellas cuatro funcionarios en ejercicio de la Seremi, tres exfuncionarios que actualmente se desempeñaban como consultores externos, un trabajador de la DOM y dos particulares vinculados a los hechos.
Una investigación que comenzó con denuncias ciudadanas
La investigación se inició en 2023, tras diversas denuncias de ciudadanos y organizaciones que detectaron irregularidades en los procesos de postulación y adjudicación de terrenos fiscales. Estas denuncias fueron informadas a la Fiscalía por la propia Seremi de Bienes Nacionales, encabezada por Rodrigo Díaz Bogdanic, quien tomó la decisión de entregar los antecedentes para esclarecer los hechos.
La fiscal Sacfi de Arica, Paulina Brito, detalló que «se trata de una investigación que lleva más de dos años, por diversos delitos que involucran a funcionarios públicos, exfuncionarios y personas civiles. La causa comenzó por denuncias de usuarios que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía por la propia Seremi. Hoy se materializaron las órdenes de detención por delitos de corrupción y asociación ilícita, y mañana se procederá a la formalización con los antecedentes reunidos durante esta compleja investigación».
Cómo operaba la red
De acuerdo con los antecedentes recopilados por la Fiscalía y la PDI, desde al menos 2021 los imputados se habrían organizado en una estructura criminal con roles claramente definidos, utilizando sus cargos para manipular procesos administrativos y obtener ganancias ilícitas.
El modus operandi incluía:
– Cobro de sobornos a particulares para agilizar trámites y entregar información privilegiada.
– Manipulación de procesos de concesión, arriendo y venta de terrenos fiscales, favoreciendo a determinados postulantes a cambio de pagos millonarios.
– Falsificación de documentos y lavado de activos para encubrir el origen de los fondos.
“Esto no podría ejecutarse sin la participación coordinada de varias personas, incluso de distintas instituciones. Por eso nos tomó años desentrañar la estructura completa y llegar a la raíz del problema”, afirmó el fiscal regional Mario Carrera, subrayando que el daño más grave es a la fe pública y que este caso representa “uno de los mayores escándalos de corrupción en la región en los últimos años”.
Detenciones y allanamientos simultáneos
El jefe de la Bridec Arica, subprefecto Marcelo García Cid, explicó que el procedimiento incluyó la ejecución de 10 órdenes de detención por delitos como corrupción, asociación ilícita, lavado de activos y falsificación.
“Este procedimiento se planificó durante meses y se desarrolló simultáneamente en la Región de Arica y Parinacota y en la Región Metropolitana, donde uno de los imputados fue detenido en Santiago. También se realizaron entradas y registros en domicilios particulares, así como allanamientos en dependencias de la Seremi de Bienes Nacionales y la Dirección de Obras Municipales de Arica, logrando incautar importante evidencia”, precisó García Cid.
El operativo movilizó a cerca de 100 detectives de la PDI, quienes trabajaron de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad. Entre los elementos incautados se encuentran documentación clave, computadores, teléfonos celulares y otros equipos electrónicos que permitirán sustentar las acusaciones en el proceso judicial.
Incluso, algunos arrestos se produjeron en el Aeropuerto de Chacalluta, cuando ciertos imputados intentaban abandonar la región.
Denuncia interna y postura oficial
En un comunicado público, la Seremi de Bienes Nacionales señaló que la denuncia que dio origen a la investigación fue realizada por la propia institución, en coordinación con las autoridades ministeriales nacionales.
“Condenamos tajantemente cualquier ilegalidad o delito cometido por personas que, aprovechando su rol como funcionarios públicos, buscan beneficios personales afectando el resguardo del territorio fiscal y poniendo en riesgo la gestión pública. Hemos instruido medidas administrativas y procesos disciplinarios internos para colaborar con la justicia y garantizar la transparencia en nuestra labor”, se lee en la declaración oficial.
Además, la entidad confirmó que se han tomado medidas para prevenir que situaciones similares vuelvan a ocurrir, fortaleciendo los sistemas de control y transparencia en la administración de terrenos fiscales.
Próximos pasos en la investigación
Todos los detenidos serán presentados mañana ante el Tribunal de Garantía de Arica para el control de detención, donde la Fiscalía presentará formalmente los cargos en su contra.
No se descartan nuevas detenciones, ya que la magnitud de la red podría involucrar a más personas. Según fuentes cercanas a la investigación, el número total de implicados podría superar las 15 personas.
La fiscal Paulina Brito destacó que “el objetivo de la Fiscalía es llegar hasta las últimas consecuencias para asegurar justicia y sentar un precedente en materia de probidad en la administración pública”.
Impacto regional
Este caso ha generado conmoción en la comunidad de Arica y Parinacota, ya que afecta directamente la confianza ciudadana en la gestión de los bienes fiscales. Terrenos destinados a vivienda social, proyectos comunitarios y desarrollo regional habrían sido manipulados en beneficio de particulares, dejando en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de fiscalización.
El fiscal Mario Carrera recalcó que la prioridad ahora es restaurar la confianza en las instituciones, asegurando que se revisarán los procesos internos para evitar que hechos similares se repitan.
Una investigación histórica para la región
La magnitud del operativo, la coordinación entre la PDI y la Fiscalía, y la complejidad de los delitos investigados convierten a este caso en uno de los mayores escándalos de corrupción descubiertos en el norte del país en los últimos años.
La ciudadanía seguirá expectante a las audiencias judiciales y al desarrollo de la investigación, que podría revelar nuevas aristas en las próximas semanas.
Con este golpe a la corrupción, las autoridades buscan enviar un mensaje claro: la impunidad no tendrá cabida en la administración pública, y quienes utilicen cargos estatales para beneficio personal deberán enfrentar la justicia.
