Cámara de Comercio de Santiago propone cambios en la reforma de pensiones para mejorar la jubilación de los chilenos

Desde el gremio plantean que el aumento de 6% en la cotización obligatoria con cargo a los empleadores no debe destinarse a un seguro social, ya que se convertiría en un nuevo impuesto al trabajo. Además plantean financiar programas especiales de apoyo a segmentos más vulnerables con recursos generales de la Nación.

Frente al inminente despacho de la reforma de pensiones, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) desarrolló una serie de propuestas cuyo fin es permitir dar un salto de magnitud al modelo previsional chileno y así mejorar las condiciones de jubilación de todos los trabajadores del país.

En la actualidad, existe consenso en la necesidad de impulsar una reforma previsional que sea beneficiosa para los trabajadores, sin impactar negativamente la formalidad laboral y con un financiamiento responsable como objetivo común.

Este esfuerzo busca principalmente mejorar la tasa de reemplazo, es decir, aumentar el porcentaje que representan las pensiones de vejez en comparación con los ingresos laborales previos a la jubilación. En los países de la OCDE, estas tasas se sitúan en torno al 60%, mientras que en Chile -debido a retiros de fondos de pensiones durante la pandemia- han disminuido significativamente, colocando al país en una posición desfavorable en comparación con otras naciones de la OCDE.

Entre los principales puntos que el gremio revisó de la iniciativa de Reforma del Gobierno que podrían beneficiar a los pensionados, destacan el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y de la tasa de cotización obligatoria, desde el histórico 10% a un 16%.

Desde la CCS plantean que el aumento de 6 puntos porcentuales con cargo a los empleadores no debe ser dirigido hacia un seguro social, sino destinado a la capitalización individual y buscar financiamiento de los programas especiales mediante recursos generales de la Nación.

María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, explica que “destinar a un contrato social cualquier aumento en la cotización individual, podría significar un nuevo impuesto al trabajo que podría impactar en las personas”.

En tanto, la líder gremial agregó que “los programas de apoyo a segmentos más vulnerables evitarían distorsiones que pueden anular parte importante de los logros que pretende alcanzar el proyecto de reforma”.

Por otra parte, la propuesta de elevar la PGU a $250.000 podría llevar las tasas de reemplazo de los segmentos de menores ingresos a superar el 100%, mientras que en los segmentos medios seguirían estando lejos de esos niveles. Esto plantea la necesidad de reevaluar la distribución de los esfuerzos adicionales y proteger la propiedad individual de los seis puntos adicionales de cotización que contempla la reforma.

Otro punto crítico a abordar son las lagunas previsionales (períodos sin cotizaciones) que reducen significativamente las pensiones. En este sentido, las propuestas de apoyo al ahorro durante períodos de desempleo son dignas de consideración.

En última instancia, desde la CCS argumentan que la actual edad de jubilación limita el ahorro efectivo durante la vida laboral y afecta especialmente a las tasas de reemplazo de las mujeres, que se retiran del mercado laboral cinco años antes que los hombres, obteniendo pensiones considerablemente más bajas.

Desde el gremio, Vial “insta a abordar este tema para mejorar la equidad de género en el acceso a pensiones dignas, así como a reconsiderar la edad de jubilación de 65 años en un contexto en el que la expectativa de vida y los años de retiro continúan aumentando”.

La CCS considera que, si se logra implementar un conjunto coherente de reformas en los ámbitos mencionados, el sistema de pensiones chileno podría dar un salto significativo en la mejora de las condiciones de jubilación para todos sus trabajadores.

 

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