Luego de dos años de esperar el resultado de la demanda el director de Fundación Conecta TEA, Antonio Galleguillos contó el proceso que vive la fundación actualmente luego del abrupto cierre del proyecto y las polémicas que se suscitaron.
“Transferencia de capacidades para una calidad de vida, autonomía e independencia para personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) en la región de Arica y Parinacota”, era el nombre del proyecto ejecutado por Fundación Conecta TEA y financiado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y el cual el exgobernador Jorge Díaz Ibarra decidió dar término y exigir la inmediata restitución de recursos que en total eran $346.724.000.
El año 2023 el Gore interpuso una demanda civil, la cual luego de diversas investigaciones tuvo un fallo el día 10 de julio, cuando el Segundo Juzgado de Letras de Arica rechazó de manera contundente la demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) (Rol C-862-2024), presentada a solicitud del ex Gobernador Regional. El juez basó su decisión en los siguientes fundamentos:
– EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO: Se comprobó que el Gobierno Regional incurrió en graves deficiencias de fiscalización y gestión durante la ejecución del proyecto, hecho respaldado por informes de Contraloría.
– CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FUNDACIÓN: Se acreditó que la Fundación entregó todas las rendiciones de cuentas completas y con respaldo, las cuales fueron debidamente recepcionadas y firmadas por funcionarios del GORE, reflejando el compromiso de la fundación con el correcto uso de los recursos públicos.
– TÉRMINO DE CONVENIO SIN PROCEDIMIENTO LEGAL: El ex Gobernador finalizó el convenio sin cumplir con los procedimientos administrativos establecidos en la Ley 19.880, actuando de forma inconsulta, sin motivos válidos ni respaldo técnico.
– DECISIÓN FINAL: El tribunal rechazó en todas sus partes la demanda del GORE y condenó al ente demandante al pago de las costas del juicio, señalando que su actuar fue improcedente, injustificado y carente de fundamentos técnicos y jurídicos.
El director de la Fundación Conecta TEA, Antonio Galleguillos Marín, declaró que este fallo favorable en lo civil le da una esperanza para recuperar la mala reputación creada a través de manifestaciones, funas en redes sociales y polémicas que se generaron “actualmente estamos sin proyectos, nos sostenemos gracias a aportes propios y colaboración de algunos profesionales. Sin embargo, después del abrupto término del proyecto por parte del gobierno regional, encabezado por Jorge Díaz, tenemos que salir adelante.
Respecto a los 20 mil pesos que se denunciaron que se cobraban a las familias para la inscripción, Galleguillos contó que “el proyecto contemplaba 114 familias. El convenio era muy restrictivo e incompatible porque no contemplaba pagos de gastos básicos como luz, agua, teléfono e internet, que nosotros necesitábamos como también la compra de notebooks y de muebles”.
“Era un proyecto muy grande en el cual tuvimos que ampliar las instalaciones con recursos propios para generar 22 boxes de atención. Antes de esta entrega de recursos solo teníamos 8. Entonces, para poder ser efectivo y atender la necesidad de la población y de la región era necesario construir eso.
“Sin embargo, al doblar la cifra y atender a más población ejecutando el proyecto, vimos la necesidad de pedir el Registro Social de Hogares. Todo esto fue informado a las personas que de manera voluntaria iban a generar estos aportes para las personas que no tenían los recursos. ¿Por qué? Porque el diseño inicial solamente contemplaba 114 personas y nosotros atendimos más de 200. Sin embargo, dentro del total de esta iniciativa fueron 489 familias las que pasaron por la fundación”.
El abogado representante de las familias de Fundación Conecta Tea, Matías Andrade Gálvez explicó que “la sentencia definitiva de primera instancia, el tribunal la configuró a propósito de un informe que realizó la Contraloría Regional de la República respecto a estos hechos, los cuales se investigó y se concluyó que el único quien incumplió el convenio fue el gobierno regional en calidad de sujeto pasivo. O sea, ellos, teniendo la obligación de revisar mensualmente y fiscalizar, no lo hicieron. Por tanto, el incumplimiento se basa sencillamente en que el gobierno regional no cumplió con su labor de fiscalización y deberes de revisión oportuna en el convenio suscrito por las partes”.
El martes 29 de julio se espera la formalización en el Tribunal de Garantía en contra de Antonio Galleguillos, por el delito de apropiación indebida.
